Saica, Megasa, Cemex, Tereos, Ronal Ibérica, Grupo Tatoma y Linamar, entre otras compañías, denuncian que nunca, en los últimos años, la factura había sido tan elevada y urgen medidas al Gobierno contra una situación «insostenible» que resta competitividad en un mercado global.

Imagen de la planta de Cemex en Morata de Jalón (Zaragoza).

Imagen de la planta de Cemex en Morata de Jalón (Zaragoza).Foto: Macipe

Con la electricidad en récords históricos -alcanzó los 106 euros/megavatio este 21 de julio- y sin visos de que se corrija a la baja en lo que resta de año, empresas electrointensivas en consumo en Aragón reclaman soluciones al Gobierno. Aseguran que competir en un mercado global y soportar estos elevados costes lastra su competitividad. Ante una factura energética «insostenible», exigen al Ejecutivo en lugar de parches, como la exención temporal del impuesto a la generación eléctrica del 7% o la rebaja del IVA al consumo doméstico, una normativa clara que de estabilidad y recoja la realidad del mercado de la luz.

«El 40% de la producción de Saica se vende fuera. Y la electricidad representa el segundo coste de fabricación del papel. El impacto es grande», indica Ramón Alejandro, presidente del grupo papelero aragonés. «Solo pido tener la energía al mismo precio que mis competidores en Francia o Italia», ya que en España el precio medio estos últimos meses está en 72 euros el megavatio mientras que en Francia está en 42 euros. «Es un 66% más» critica. «Llevo años peleando porque la Administración española ponga condiciones que nos permitan ser competitivos al sector del papel electrointensivo en consumo», añade.

En su caso, al contar con una planta de cogeneración -con unas primas que podrían desaparecer- se ha amortiguado algo el incremento en el coste de la luz, si bien el gas que requiere la cogeneración también ha subido. «Hay una escalada inflacionista a nivel mundial en la energía y las materias primas», recuerda el máximo responsable de Saica: «España es una isla. El Gobierno debería aumentar la interconexión con Francia para poder comprar energía mucho más barata y mitigar el efecto de esta subida».

«El precio de este año va a ser el más elevado de los últimos 14 años, superando un 12% al del 2008 (antiguo máximo) y más del doble que el año pasado», recuerda Tomás Sánchez-Corral, director de la Operación de Cemento de Cemex, que cuenta con una planta en Morata. «Los elevados precios están imposibilitando la compra a un precio competitivo y de no adoptarse medidas que minimicen o pongan límites a este incremento, se verá reducida la competitividad del sector nacional», avisa.
En el caso de Cemex, «se prevé un incremento del coste aproximado de un 40% respecto a nuestro presupuesto a final». Si se tiene en cuenta, explica el directivo, que «la energía eléctrica supone el 33% de los costes variables de nuestra industria, esta situación se traduce en una importantísima merma de competitividad en relación a competidores de otros países con una tarifa eléctrica mucho más baja y estable».
Planta de Ronal Ibérica en Teruel.
Planta de Ronal Ibérica en Teruel. Foto: Javier Escriche.

Dominik Biederhold, director de Ronal Ibérica, proveedor de automoción, coincide en que «el efecto es brutal en los costes» ya que «no los puede repercutir» y critica que «el Gobierno quiera poner el foco en defender la industria y, sin embargo, le cargue estos «incrementos tan bruscos en el precio de la luz» no vistos en todos los años, dice, que lleva en el sector. «El 100% de la luz que compramos es energía verde y en lugar de bonificarnos, nos suben los costes», critica. «Deberían rectificar antes de que más multinacionales como Alcoa se marchen a otro país. Si se van es muy difícil cambiar eso», advierte.

«Estos precios suponen hasta un encarecimiento del 35% en el coste de la energía y está teniendo un impacto muy negativo en nuestra cuenta de resultados», comparte Félix Repullo, jefe de Relaciones Laborales en Draxton (antigua Casting Ros). «Lastra las posibilidades de recuperarse a empresas que lo están pasando mal. No solo es la luz sino el cobre, la chatarra, todo está subiendo» y hay que añadir, dice, la falta de suministro de microchips.

«Ya en junio la mitad del coste de producción de la acería ha sido la energía eléctrica y durante julio ha seguido subiendo. Es imposible repercutirlo», afirma Eduardo Piñera, director de Megasa en Zaragoza (antigua Arcelor Mittal). «Se prevé que el precio eléctrico final en 2021 ronde e incluso pueda superar los 77 euros/Mwh (más del doble que en países europeos de nuestro entorno). Es ta situación no es sostenible en el tiempo», asegura, convencido de que «es imprescindible poder competir con unos precios homologables al resto de la industria europea».

«Dos tercios de nuestro consumo son de gas y un tercio de electricidad. Somos empresas muy intensivas de transformación de metal. Fundimos y procesamos y los costes de la energía se nos han doblado en los últimos seis meses», señala Luis Arruga, director de operaciones de la planta de Linamar (antigua Alumalsa), que produce piezas para automoción, y que pide al Gobierno que cambie la regulación de «un mercado de la luz muy complejo en el que el ‘pool’ es la prueba de que ni es justo ni funciona. No es lo más razonable pagar todos al precio del más caro». Lo único que pueden hacer, confiesa, es «mejorar la eficiencia de sus equipos para consumir lo menos posible».

Pedro Braña, director técnico en Tereos, reconoce que esta subida es «dramática» para muchas empresas, si bien en su caso disponer de una planta de cogeneración ha evitado que les impacte tanto. «En la industria teníamos derechos gratuitos de emisión de CO2, pero nos los reducen año tras año. Además, de pagar estos derechos a 5 euros la tonelada hemos pasado a 50 euros y dicen que aún van a subir más, con lo cual la recarga es del 40%». A su juicio, lo que tendría que hacer el Gobierno es no retirar los apoyos y menos mientras se avanza en esta transición ecológica y dar un marco de estabilidad a las empresas para poder planificar sus inversiones. «La industria calor-intensiva, como nosotros o Saica, no tiene alternativa al gas para la cogeneración: el hidrógeno verde es muy caro y le queda mucho desarrollo tecnológico por delante».

«El impacto depende del tipo de contrato de luz que tenga cada empresa. Nosotros los tenemos anuales con vencimiento en octubre que nos supondrán unos incrementos importantes en los próximos meses», asegura Fernando Torres, consejero delegado del grupo Tatoma, fabricante de maquinaria agroganadera, contenedores y equipos de mecanosoldadura. Sin embargo, afirma, «es mucho más relevante» en su caso «la subida del acero, de los contenedores marítimos, la escasez de suministros y los aumentos de plazo de entrega por el efecto de acaparamiento».

El problema es la dependencia energética. «A España nos llega un mix: el gas por tubo desde Argelia y el gas licuado en barco desde Asia. Allí han salido antes de la crisis, hay más demanda, y a España nos llega menos y subiendo precios», explica Verónica Rivière, presidenta ejecutiva de Gas industrial, la Asociación para un gas competitivo que integra a más de 60 empresas. Su temor es que la nueva regulación del Fondo nacional para la sostenibilidad del sistema eléctrico se traduzca en mayores impuestos para los hidrocarburos y ya van preparando aleaciones con el fin de evitar que lo que bajen por la parte de la luz, lo repartan entre gasolinas y gas. «Eso es camuflar el coste. No hay tecnología a día de hoy que nos permita sustituir el gas para la industria», asegura, y lo que debería hacer el Gobierno, como en otros países, es llevar ese fondo de sostenibilidad a los presupuestos generales del Estado y no cargarlo a la industria, que consume el 60% del gas frente al 20% de consumo doméstico y el otro 20% para generación de electricidad. «La ley del fondo de sostenibilidad se está tramitando y ya veremos como evoluciona», avisa.

Fernando Soto, presidente de la asociación de empresas con gran Consumo de Energía (Aege), denuncia que «los más de mil millones de sobrecoste en factura eléctrica que van a pagar las empresas españolas este año son un lastre a su competitividad» al considerar que «es una cantidad que no pueden dedicar a mejorar la eficiencia de sus plantas». Lo único que le pedimos al Gobierno español es que nos de las mismas condiciones que en Francia o Alemania, donde tienen exenciones en los costes regulados del precio de la luz y que no sigan subiendo los derechos de emisión por CO2 para compensar el coste de las renovables. Asimismo, critica que ese fondo de reserva estratégica que iba a sustituir al servicio de interrumpibilidad que ya desapareció, no esté todavía en marcha.

«Es un error de concepto actuar a medio plazo para corregir subidas puntuales», señala Rafael Riquelme, miembro de la Comisión de Energía del Consejo General de Colegios Oficiales de Ingenieros Industriales de España, en relación a las medidas adoptadas por el Gobierno de exención temporal del impuesto a la generación eléctrica del 7% o la rebaja del IVA al consumo doméstico. «Las empresas necesitan estabilidad y no pueden estar con estos vaivenes de precio». Parece, explica, que el Gobierno ha optado en esta ruta hacia la descarbonización por «favorecer el autoconsumo. que beneficia a unos pero perjudica claramente a otros como la industria».

Sánchez-Corral, de Cemex España, reconoce que «la pandemia, sin lugar a dudas, ha influido en esta subida del precio de la luz, aunque, explica, «la causa fundamental radica en la actual normativa que rige la formación del precio de la electricidad, unido a elementos macroeconómicos como los precios de combustibles y del CO2». El precio final de la electricidad, indica, «queda definido por el precio de la última tecnología que ‘casa’ con la demanda; esta última tecnología es la más cara en generación y, además suele ser la que tiene una mayor influencia del precio de los combustibles como el gas o del precio del CO2».

Por eso reclama a la Administración a largo plazo el cambio normativo que regula la formación del precio marginalista de la electricidad y en el corto plazo, recuperar sistemas como el de interrumpibilidad, que se eliminó y realizaba un servicio en casos de emergencias para ayudar al sistema eléctrico a minimizar costos.

 

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