La futura ley de empresas emergentes o startups, cuyo anteproyecto aprobó ayer el Consejo de Ministros, parece a priori un modelo de libro de lo que debería ser una legislación diseñada para facilitar la creación de nuevas empresas y amparar su crecimiento. El nuevo proyecto de ley, que comienza su trámite de audiencia pública, elimina de un plumazo las pesadas cargas que lastran la actividad de todo emprendedor en España, comenzando por la burocracia.

El objetivo de la norma es potenciar la creación de startups, es decir, de empresas de base tecnológica y pymes innovadoras, alto potencial de crecimiento, con más de la mitad de sus empleados en España, una antigüedad de hasta siete años, que no cotice ni reparta dividendos y tenga una facturación inferior a cinco millones de euros. También apuesta por convertir España en un foco de atracción de conocimiento tecnológico.

El grueso de las ventajas de la futura ley lo constituye la eliminación de barreras fiscales y la introducción de incentivos tributarios para crear este tipo de negocios, así como las facilidades que establece para atraer talento extranjero, los denominados nómadas digitales, profesionales de alta capacitación y una elevada movilidad.

Medidas como la rebaja del tipo de gravamen de Sociedades del 25% al 15% durante un máximo de cuatro años, la posibilidad de aplazar durante dos años las deudas fiscales o el ventajoso trato tributario dado a las opciones sobre acciones como medio de retribución salarial –que en España actualmente tienen una fiscalidad poco atractiva– apuntan a que el Gobierno ha decidido apostar con claridad por el emprendimiento tecnológico como fuente de crecimiento económico.

Más allá de las mejoras o correcciones que puedan introducirse en el texto, en los que jugará un papel clave la capacidad de diálogo y de escucha que tenga el Gobierno frente a las empresas del sector, la clave del éxito en términos de eficacia de esta ley está en su aplicación práctica, especialmente en aspectos como la reducción del peso de la burocracia, que es la bestia negra de los emprendedores españoles y la responsable de muchas de las decisiones de tirar la toalla en los primeros años de actividad empresarial.

Además, y pese a que la justificación de las facilidades que prevé la norma está en el alto potencial de crecimiento de las empresas tecnológicas, en el hecho de que compiten sin fronteras y en que se trata de un sector con un enorme futuro, el análisis del texto hace inevitable pensar en la conveniencia y equidad de extender algunas de estas ventajas al resto de las empresas de nueva creación en España.

 

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